La actual crisis ambiental del planeta, generada por la certidumbre de la paulatina reducción de combustibles fósiles como el petróleo y el incremento de la emisión de gases invernadero,  ha obligado a  la sociedad mundial a buscar soluciones que permitan la sustitución gradual de las fuentes naturales que proveen a la humanidad de petróleo, diesel y gasolinas por otras de menor impacto en el calentamiento global y de mayor sostenibilidad general.

En esta búsqueda de opciones ha aparecido la posibilidad de utilizar cultivos energéticos, es decir, cultivos ricos en azúcares, almidones, celulosa o aceites, que pueden ser utilizados como materias primas para transformarlos en etanol, butanol o diesel solución que, en opinión de muchos, ofrece posibilidades de rentabilidad y  competitividad económica, equidad social y sostenibilidad ambiental.  Siguiendo esta línea conceptual, la mayor parte de los gobiernos del mundo han adoptado y están adoptando normativas que obligan la adición progresiva de estos productos, comúnmente denominados biocombustibles (BC), en el uso cotidiano de gasolina y diesel.

Sin embargo, esta opción, que en principio parece aceptable, ha sido ampliamente criticada desde diversos sectores de la sociedad, en términos tanto de su supuesta sostenibilidad general como de sus consecuencias sociales y ambientales entre otras.

Las críticas y dudas incluyen un vasto espectro de temas que van, en consecuencia, desde los impactos que se esperan en los precios de los alimentos y la discusión concomitante entre seguridad alimentaria – autosuficiencia energética; las relaciones sociales entre campesinos, agroindustriales y posibles especuladores de tierras; los cambios que se prevén en la distribución de la propiedad de la tierra; los efectos en contaminación de suelos y aguas como resultado de las tecnologías que se implementen para la producción agraria de estos cultivos energéticos e incluso los nuevos desafíos que ellos representan para el ordenamiento territorial municipal y regional.

El debate va todavía, más allá: de un lado se colocan quienes ven en esta opción la posibilidad de reducir las emisiones de CO2, NOX, SOX y otros gases de efecto invernadero y por medio de estos contribuir a mitigar el calentamiento global, rebajar la  presión sobre los yacimientos finitos de petróleo, gas natural y carbón y generar posibilidades de desarrollo local a través de la ampliación de la frontera agrícola y de los desarrollos tecnológicos asociados a esta nueva industria. De manera concomitante, se podrán incorporar nuevas tierras a la producción agraria las cuales, debido a  distintos tipos de limitaciones, permanecían incultas. Se considera, en este sentido, que por medio de la promoción de los cultivos energéticos se podrán enfrentar al unísono problemas de pobreza, carencias de infraestructura, ingresos rurales y por lo tanto se podrán mejorar los ingresos y la calidad de vida de los productores.

De otro lado están quienes creen que la instalación de estos cultivos puede generar incrementos de CO2 y NOX si se considera todo el ciclo de vida del producto, aumentar los procesos de deforestación en áreas frágiles, desplazar la producción de alimentos en zonas de vocación agrícola e incrementar los precios de  venta de productos alimenticios básicos, reforzando además la concentración del capital en las grandes corporaciones, todo ello sin afectar los actuales modelos de desarrollo basados en el alto consumo de energía fósil. En el largo plazo, estos cultivos podrían resultar desfavorables tanto para el medio ecosistémico como para las economías campesinas que serían desplazadas por grandes extensiones de estos cultivos e incluso afrontar pérdidas de ingresos o de niveles de empleo rural.

La complejidad y la incertidumbre para contestar varias de estas preguntas, son los signos principales del debate sobre los cultivos energéticos y su irrupción reciente en la historia de la patria. Sin duda alguna, se trata de un tema verdaderamente estratégico para el país, puesto que de su implementación dependerá el futuro no solo del reordenamiento espacial de las actividades productivas agrarias de Colombia, sino incluso, del propio modelo de desarrollo agrario del país.

Comisión V de la Cámara de Representantes
Colciencias
Universidad Nacional de Colombia